DOSSIER / DOSSIER
El aborto en disputa. Impedimentos legales, condenas morales y rebeldías
colectivas
Nadia Ledesma Prietto
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales
(UNLP-CONICET).
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE).
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina
nadialedesmaprietto@yahoo.com.ar
Cita sugerida: Ledesma Prietto, N. (2017). El aborto en disputa. Descentrada, 1(2), e016. Recuperado de http://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/article/view/DESe016
En los estados del extremo sur del continente americano, durante los últimos años, se sucedieron algunas reformas legislativas y constitucionales en relación con las prácticas abortivas impulsadas por las demandas de organizaciones sociales y colectivas feministas. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, en el año 2012, se sancionó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En el año 2014, Bolivia modificó ciertos artículos del Código Penal para hacer más factible el acceso al aborto no punible en caso de violación. En cambio, en Perú, el aborto solo no se penaliza cuando peligra la vida o la salud de las mujeres, aunque el año pasado se ha presentado un proyecto para extender la no punibilidad en caso de violación y se estableció un protocolo para acceder a un aborto legal. En Chile, recientemente, el Congreso aprobó el proyecto de ley de aborto no punible por tres causales: peligro de vida de la mujer, violación e inviabilidad del embrión, aunque, aún hoy (agosto de 2017), todavía peligra su sanción ante los requerimientos de los opositores al Tribunal Constitucional.
En nuestro país, por sexta vez, el 30 de junio del año pasado, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito presentó el proyecto de Ley para legalizar y despenalizar el aborto. Hoy, estamos a la espera de que se produzca el tan demorado debate. Sin embargo, si bien en el ámbito normativo no se produjeron modificaciones —continuamos con la codificación penal sancionada en 1921—, desde otros ámbitos se han producido conquistas que han ido apuntalando y asegurando el acceso al aborto no punible. Por ejemplo, la actualización, en año 2015, del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal de Embarazo” del Ministerio de Salud de la Nación. Ésta incorpora las conclusiones del fallo F.A.L. de la Corte Suprema que, en el año 2012, estipuló el alcance del artículo 86. Particularmente, estableció que el aborto es no punible en toda clase de violación y que no debe ser judicializado. Asimismo, el protocolo establece una concepción integral de la salud, por ende, el peligro para la salud mental es causal de no punibilidad. De igual modo, la guía procura el acceso al aborto al señalar límites a la objeción de conciencia. Por último, podemos incluir entre los conquistas la creación de la cátedra optativa “El aborto como problema de salud”, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, impulsada por la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.
Asimismo, las acciones articuladas por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, desde hace ya 12 años, aunque cimentadas en la lucha feminista de los años setenta, sigue poniendo de relieve la necesidad de que –además de la despenalización y la legalización— es imperioso la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral.1
Sin dejar de levantar los pañuelos verdes para conseguir los cambios normativos, las colectivas feministas acompañan a quienes deciden abortar a través de los llamados “socorros rosa”. Si bien, en los últimos años este servicio de información y acompañamiento se articuló en forma de redes, desde tiempos remotos las mujeres compartimos conocimientos, acompañamos y ayudamos a otras a abortar. La sororidad se convirtió en instrumento de la rebeldía, antes, casi en murmullo; hoy, de manera colectiva por medio de llamadas a celulares, circulación de información confiable a través de cuadernillos en Internet y lazos feministas. Los últimos datos sistematizados por las colectivas que integran Socorristas en Red señalan un aumento en las consultas entre los años 2014 – 2016, de mil cien acompañamientos pasaron a realizar casi cuatro mil.2 En el contexto actual, donde la oposición al derecho a decidir sobre el propio cuerpo tiene el poder para seguir frenando el debate e, incluso, avanzar sobre los derechos ya conquistados, la estrategia es seguir tejiendo estas redes. Igualmente, el encuadre legal del aborto es necesario para incidir sobre la vulnerabilidad a la que se exponen las personas que no pueden acceder a una práctica segura.
Ahora bien, considerar al aborto inseguro como un problema de salud pública y la demanda al estado de una ley, nos lleva a reflexionar sobre algunas cuestiones respecto de los vínculos entre las mujeres y el estado. Podemos retomar las interpelaciones de la historiadora Adriana María Valobra, quien señala
“¿Existe algo distinto a esta dicotomía entre la reforma y la revolución? No poder salir de este binarismo conceptual-político ¿significa que estamos colonizadas por aquello mismo que queremos cambiar/destruir? ¿Son estas estrategias de acción nuestras o patriarcales? ¿Cómo nos adelantamos a las actualizaciones del Estado patriarcal/fratearcal? ¿Será que cada logro que vivimos como conquista es en realidad un nuevo espejismo que nos oculta la violencia inmodificable?” (Valobra, 2015, p. 49).
Es decir, si consideramos al estado como parte del sistema hetero-patriarcal-capitalista que ejerce violencia y opresión sobre las personas que no encajan con el ideal masculino; si seguimos reclamando al estado, ¿no estamos cayendo en una trampa? Estas inquietudes nos recuerdan las palabras que Audre Lorde (2003 [1979]) lanzó en un congreso feminista cuando interpeló a las mujeres blancas heterosexuales sobre la imposibilidad de desmontar la casa del amo con las herramientas del amo. Estas inquietudes no son nuevas, ya han sido conceptualizadas como dilemas y paradojas. Judith Butler (2006) reflexiona sobre las implicancias de hablar el lenguaje de derechos en torno a la autonomía corporal, dado que el cuerpo es mío y, a la vez, no lo es. Entonces, Butler (2006, p. 40) se (nos) pregunta en torno a la lucha por la autonomía:
“¿hay otra aspiración normativa que debamos también articular y defender? ¿Hay una manera por la cual el lugar que ocupa el cuerpo en todas estas luchas inicia una concepción diferente de la política?”.
Mientras transitamos el camino para sortear los desafíos que nos plantea la ciudadanía inclusiva-excluyente, seguimos en la tarea de multiplicar las prácticas autogestivas seguras, acompañamos los reclamos para que se cumpla lo que ya está estipulado en la ley y continuamos la demanda del aborto legal para que el acceso a la práctica sea equitativo para todas las personas, aunque sin olvidar aquellos cuestionamientos y aspirando a una autonomía integral.3
Los artículos reunidos en este dossier nos invitan a reflexionar sobre algunas de estas cuestiones, desde lo legal hasta lo no legal; desde las deliberaciones hasta la implementación de la ley; desde la participación de los profesionales de la salud hasta del poder legislativo y judicial y las resistencias feministas. Todas estas dimensiones que involucran el aborto como problema han sido examinadas desde diversas perspectivas disciplinares con propuestas teóricas y metodológicas también enriquecedoras en su heterogeneidad.
Podríamos ordenar las intervenciones de lxs especialistas convocadxs a partir de diferentes criterios y, aunque pueden consultarse de manera aleatoria, aquí sugerimos una clave de lectura que intenta un recorrido a través de dos ejes. Por un lado, las discusiones sobre la legalidad en el sistema democrático; y por otro lado, las prácticas: el aborto legal, los abortos no punibles y los abortos seguros que llevan adelante las colectivas feministas. Alrededor del primer eje, situamos los estudios de Daniel Busdygan y Josefina Leonor Brown que nos introducen en el análisis de las incumbencias de la moral (religiosa) en el espacio deliberativo y proponen posibles caminos para la despenalización. En este sentido, el minucioso examen del filósofo Busdygan aporta una mirada sobre la distinción entre la discusión moral y política sobre el aborto y aborda las razones públicas que en democracia pueden plantearse para lograr la despenalización. A partir del estudio de tres argumentos fundamentados en el consecuencialismo, es decir, teorías que señalan la corrección de una acción cuando sus consecuencias no perjudiquen los valores que están en juego. Así, el autor justifica lo erróneo de la penalización, dado que la misma produce muertes, complicaciones de salud —particularmente de los sectores más desfavorecidos— y la estigmatización de quienes abortan. Como contrapunto o como reflejo distorsionado de lo que podríamos hacer en el sistema democrático, la socióloga Brown examina los proyectos presentados por el activismo conservador religioso entre 2004-2014, período de auge de la ampliación de la intervención de la Iglesia Católica en la sociedad a través de las ONG´s y de una marcada presencia de militantes del catolicismo en distintos partidos políticos en las bancas del Congreso.
Si bien ninguno de los 49 proyectos ha sido debatido, es interesante cómo la autora evidencia la estrategia de los grupos religiosos al hablar en el lenguaje de derechos, al decir de Butler, pero para proponer su ideal de sociedad. Las iniciativas durante el período van desde la objeción de la anticoncepción y la reacción contra las acciones llevadas adelante por las feministas hasta la etapa propositiva vinculada al derecho a la vida del feto. Además de este aporte, en su análisis, Brown nos ofrece un detallado panorama de la trayectoria del aborto en el ámbito legislativo, como así también nos brinda herramientas para pensar los vínculos entre el Estado, la política y la religión.
Alrededor del segundo eje, el de las prácticas, situamos los artículos de Agustina Cepeda, Julia Burton y Alejandra López Gómez y Martín Couto. Las tres colaboraciones nos acercan a las consecuencias de aquellas discusiones legislativas en la práctica. En primer lugar, la contribución de la historiadora Cepeda nos permite conocer cómo, a fines del siglo XX, intervinieron las construcciones de la biomedicina sobre la viabilidad del embrión en las prácticas de los operadores jurídicos que obstaculizan la realización de abortos no punibles. A través del análisis de diversas fuentes, entre ellas, revistas médicas y expedientes judiciales, la autora desglosa las construcciones semánticas que se elaboran en el proceso judicial. Las mismas se apoyan en los conocimientos del campo médico para oponerse a los abortos terapéuticos a causa de los progresos tecnológicos, principalmente, que les permiten preocuparse por la viabilidad de la vida intrauterina. Asimismo, estos avances en la terapéutica de la gestación producen una desestimación de los argumentos bioéticos sobre la Doctrina del Doble Efecto y, así, impiden la realización de abortos no punibles. Esta Doctrina, de inspiración católica, señala que una acción puede tener dos efectos: uno bueno y uno malo. En relación con el aborto, este argumento se utiliza en los casos de abortos terapéuticos, es decir, que para salvar la vida de la mujer (efecto bueno) es necesaria la práctica del aborto (efecto malo). Es interesante remarcar en el trabajo de Cepeda cómo, a través del análisis de los argumentos de los operadores jurídicos en torno al aborto como delito, se distinguen estrategias que prohíben lo que está permitido (aborto no punible) y absuelven lo que está prohibido (aborto punible). Ante las dificultades e impedimentos en relación con el acceso al aborto, el artículo de la socióloga Burton nos invita a ahondar en la trayectoria del movimiento feminista local en relación con las demandas de despenalización y legalización del aborto desde la década del ochenta hasta el surgimiento de Socorristas en Red (2012). Las distintas acciones colectivas son contextualizadas a través del análisis de bibliografía sobre el tema y, para el caso del socorrismo, a partir de observaciones de campo. Así, nos permite inscribir este último fenómeno en una línea de continuidad con las acciones iniciadas por el feminismo de los años ochenta.
Por último, la intervención de especialistas como López Gómez y Couto –integrantes Programa de Género, Salud Reproductiva y Sexualidades del Instituto de Psicología de la Salud de la facultad de Psicología de la Universidad de la República— nos aproximan a la experiencia del aborto legal en Uruguay. Particularmente, a través de estudios empíricos realizados en dos contextos diferentes en cuanto a lo normativo, el artículo examina cómo perciben sus prácticas profesionales de la salud con conexión al acceso al aborto legal y seguro. El primer estudio se realizó en el contexto de los servicios de atención pre y post aborto cuando el aborto era considerado delito en Uruguay; y el segundo, luego de la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El análisis evidencia las dificultades que conlleva la implementación de la ley a partir de las resistencias de los equipos profesionales en un contexto de transición y evidencia las divergencias entre lo legal y lo legítimo.
En síntesis, los trabajos que integran este dossier nos permiten reflexionar sobre las distintas dimensiones que conforman la práctica del aborto, desde las disputas conceptuales, su intervención en la configuración normativa y la implicancia que tienen en la vida de las personas esas elaboraciones. Esperamos con ello contribuir no sólo al campo de conocimiento sobre el tema, sino, sobre todo, a fundamentar el reclamo de autonomía sobre los cuerpos, por más paradojas y dilemas que conlleve, sin el cual, la vida, la nuestra, la de los cuerpos con capacidad de gestar, sigue dependiendo de otros.
1 Sobre la genealogía feminista en torno a la lucha por el aborto puede consultarse el libro de Belluci (2014).
2 Sitio WEB de Socorristas en red feministas que abortamos: http://socorristasenred.org/. Los datos del año 2016 se distinguen entre 3799 acompañamientos en abortos autogestionados con medicamentos y 154 que se realizaron para acceder a la ILE en el sistema de salud. Asimismo, indican que brindaron información a 4871 mujeres. Cuentan, asimismo, con un sitio en las redes sociales: https://www.facebook.com/pg/socorristasenred/photos/?tab=album&album_id=1871396016519947.
3 Algunas reflexiones sobre la autonomía en torno al derecho al aborto pueden verse en Gutiérrez (2010).
Belluci, Mabel (2014). Historia de una desobediencia. Aborto y feminismo. Buenos Aires: Capital Intelectual.
Butler, Judith (2006). Deshacer el género. Barcelona: Paidós.
Gutiérrez, María Alicia (2010). Autonomía y libertad: acerca del aborto y sus implicancias en el cuerpo de las mujeres. En Fazendo Gênero 9 Diásporas, diversidades, deslocamento. Florianópolis, Brasil. Recuperado de http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278285766_ARQUIVO_GutierrezMariaAlicia.PonenciaSimposioTematico29.pdf.
Lorde, Audre (2003). La hermana, la extranjera: artículos y conferencias. Madrid: Horas y Horas.
Valobra, Adriana María (2015). El estado y las mujeres, concepciones en clave feminista. Estudios sociales del estado, 1(2). Recuperado de http://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese/article/view/44
Fecha de recibido: 26 de julio de 2017
Fecha de aceptado: 15 de agosto de 2017
Fecha de publicado: 19 de septiembre de 2017
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