Comunicaciones

Trayectorias del sufragio femenino en Tucumán: los proyectos durante el Segundo Congreso de Municipalidades (1928)

1. Introducción

A partir de los efectos que generó la Primera Guerra Mundial en el posicionamiento de las mujeres en el espacio público, la posguerra se presentó como un período de efervescencia en el cuestionamiento de la desigualdad y subordinación civil femenina. En Argentina, este impulso le otorgó una fuerza renovada al sufragismo local. Tucumán no quedó al margen de este clima y presentó una serie de iniciativas que buscaban superar la exclusión al acceso de la ciudadanía política de las mujeres.

En el marco de este trabajo nos concentraremos en el análisis del debate y movilización que suscitó la lucha por las libertades políticas de las mujeres en el Segundo Congreso de Municipalidades de 1928 en Tucumán. Esta iniciativa estuvo protagonizada por dos actores: el partido liberal “Defensa Comunal Bandera Blanca” y la vertiente social reformista del gremialismo docente, representada por la Asociación Magisterial de Monteros y la Federación de Maestros Tucumanos.

En el marco de esta configuración política y social, pretendemos analizar cómo fue abordándose el problema sociohistórico de la diferencia sexual como diferencia política, los proyectos emergentes, los actores intervinientes y las condiciones en que fue planteada la adquisición del derecho al sufragio para las mujeres.

2. El problema de la ciudadanía de las mujeres en la construcción de los Estados Modernos

A partir de los siglos XVII y XVIII, las teorías contractualistas clásicas sentaron las bases de nuestro entendimiento de las sociedades contemporáneas. Si bien se asoció la existencia del contrato social a la historia de la libertad, la dimensión patriarcal se ocultó bajo una aparente universalidad. El pacto originario se fundó sosteniendo el principio patriarcal de la “inferioridad natural” de las mujeres, condición que les impedía pactar como individuos libres. Del mismo surgió la sociedad civil como un orden social único con dos espacios diferenciados y opuestos: la esfera pública y la privada. El espacio público, asignado a los hombres, se constituyó como el espacio predilecto de interés político, mientras que las mujeres fueron incorporadas al nuevo orden en la esfera privada, donde cumplirían tareas reproductivas consideradas naturales (Pateman, 1995). Esta dualidad fue consolidándose en occidente con los cambios que acontecían a finales del siglo XVIII. En el campo de la ciencia, empezó a gestar su hegemonía un nuevo modelo de diferencia sexual, dos sexos opuestos, estables y no sujetos a medida, en reemplazo del modelo médico predominante desde la Antigüedad, donde la diferencia entre hombre y mujer era de grado, no de clase (Laqueur, 1994). Así, la biología, a través del discurso del dimorfismo inconmensurable, instituyó dos sexos como “el fundamento epistemológico de las afirmaciones normativas sobre el orden social” (Laqueur, 1994, p. 25).

A pesar de que el liberalismo, en esta división dual, constituía un límite, también encerraba en la universalización de sus principios las condiciones de posibilidad para el surgimiento del movimiento feminista y sufragista en el siglo XIX (Pateman, 1996). Las condiciones que planteaba esta división bipartita hicieron oscilar los argumentos a favor del acceso a la ciudadanía en una paradoja aparentemente irresoluble: la demanda de igualdad y el reconocimiento de la diferencia (Ciriza, 2002). En nuestro caso, siguiendo a Chantal Mouffe (1993), con el fin de repensar los términos del problema y evitar formulaciones homogéneas que invisibilicen las diversas posiciones de sujeción, no presentamos una dualidad esencial “mujer-varón” sino que aspiramos a develar “los diferentes modos en los que se construye la categoría “mujer” como subordinación” (Smiraglia, 2015, p. 49).

En Argentina, el proceso de delimitación de la división público-privado se situó a partir de la segunda mitad del siglo XIX (Lobato, 2008). Las mujeres fueron relegadas de la vida política sin acceso al estatus de ciudadanas. Pero este sistema de dominación no implicó una adopción pasiva: diferentes organizaciones sufragistas, feministas y partidos políticos protagonizaron procesos de intervención creativa en la esfera pública, con lazos internacionales, para hacer efectiva la conquista de los derechos políticos.

En la década de 1920, después de los cambios acontecidos en la Primera Guerra Mundial y con el posterior acceso de las mujeres al voto en numerosos países,¹ la posición a favor del sufragio femenino en nuestro país como prioridad, al mismo nivel de otras demandas como los derechos civiles, se tornó unánime (Barrancos, 2012). Este periodo de efervescencia se ubicó entre el primer proyecto presentado por el radicalismo en 1919 y el proyecto de iniciativa conservadora de 1932, que logró media sanción en la cámara de Diputados. Hasta el momento, la historiografía sobre esta etapa, en las jurisdicciones provinciales y municipales, se concentró principalmente en Buenos Aires, San Juan y Santa Fe (Barrancos, 2011; Bracamonte, 2009; De Privitellio, 2011; Mauro, 2007; Ramella de Jeffries, 1986; Valobra, 2010, 2011, 2018; Videla, 1981; Videla, 2019). Es nuestra propuesta incorporar el caso inédito de Tucumán a esta genealogía, con una mirada que desde lo local puede conducirnos a renovar fuentes, encontrar nuevos sentidos y protagonistas.

3. Los debates por el voto femenino en Tucumán: sus antecedentes y protagonistas

El escenario en el cual tuvo lugar el debate por el voto femenino en Tucumán en 1928 fue el Segundo Congreso de Municipalidades. La configuración en la que se insertó ese debate presentaba un halo de continuidad con experiencias previas. Desde 1919 se sucedieron una serie de iniciativas por el voto femenino en el país que, parafraseando a Dosse (2013), en un continuo renacer como un fénix, retornaron en sus múltiples huellas, permitiendo la novedosa configuración de 1928. En este contexto, hablar del voto femenino constituía un núcleo elemental en la estrategia política de los partidos ante la necesidad de aumentar el caudal político en un ámbito de elecciones competitivas y de elevada conflictividad social (Palermo, 2011). La Unión Cívica Radical, fuerza hegemónica en el país entre 1916-1930, enfrentó una década de alta conflagración, en la que resultaba vital aumentar el apoyo popular. Por ello, “No es casual que a mediados de 1919 -en coincidencia con la máxima expansión de estas tensiones, La Semana Trágica- se presentara el primer proyecto de derechos cívicos para la mujer” (Palermo, 2011, p. 37).

En el ámbito de las provincias también se pusieron en marcha diferentes iniciativas. Tal el caso de Santa Fe, durante 1921, donde se llevó a cabo una reforma constitucional en manos de una Convención pactada por un radicalismo fragmentado y el Partido Demócrata Progresista. En ella se incluían una serie de reformas liberales, democráticas y de tono laicista; en especial, el voto calificado y la posibilidad de representación de las mujeres. La Constitución nunca fue puesta en ejercicio, pues fue vetada por el gobernador para evitar principalmente el enfrentamiento y el voto castigo de los sectores católicos movilizados frente a la “agresión liberal” que planteaba la reforma (Mauro, 2007). Más tarde, en 1927, la nueva ley orgánica de Municipalidades N° 2147, vigente hasta 1933, permitió la expansión de los votantes a nivel municipal. En el caso de las mujeres se introdujo el voto calificado para mayores de 22 años, sin posibilidad de ser candidatas, aunque esta incorporación no generó un aumento efectivo en su participación (Videla, 2019).²

Por su parte, en la provincia de San Juan, la aprobación de la reforma constitucional de 1927, impulsada por el bloquismo, fracción radical opositora al yrigoyenismo, permitió el sufragio universal para las mujeres a nivel provincial y municipal. Esta posibilidad fue interrumpida con la intervención de la provincia por Yrigoyen y se reanudó posteriormente con el llamado a elecciones (Valobra, 2018).³

En Tucumán, en 1920,⁴ el diputado Lucas Penna del Partido Liberal, presentó un proyecto que concedía el voto a las maestras en la Cámara de Diputados de la Legislatura provincial, en el marco de la reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades, “como un ensayo en las nuevas orientaciones de la vida democrática”.⁵ El mismo obtuvo la aprobación en la primera cámara, pero fue rechazado en Senadores. Posteriormente en 1926, durante el Primer Congreso de Municipalidades, el interventor del Municipio de Concepción, José Haimes, presentó una iniciativa que incluía el voto de las mujeres en las elecciones municipales. En este caso, el proyecto fue aprobado. Esta resolución, que no incluía la capacidad de ser elegidas, estipulaba quiénes eran electores: varones y mujeres nacionales y extranjeros que estuvieran inscriptos en el padrón municipal; pero para las mujeres se exigía que tuvieran 22 años de edad y que supieran leer.⁶ A pesar de la resolución afirmativa, a causa de la falta de continuidad de las acciones del Congreso, la medida no fue elevada a la legislatura para la reforma de la ley orgánica de municipalidades.⁷ Frente al final inconcluso de esta iniciativa, dos años después, se disponían los concejales y autoridades municipales a tratar nuevamente los derechos políticos de las mujeres en el Segundo Congreso de Municipalidades.

En ese escenario, los actores que se manifestaron a favor del voto para las mujeres, con diferentes posturas fueron, por un lado, el recientemente creado partido Defensa Comunal Bandera Blanca, y por el otro, el activismo docente representado en la Asociación Magisterial de Monteros y la Federación de Maestros Tucumanos. ¿Quiénes eran esos actores?

Finalizando la década de 1920, durante los gobiernos radicales de Miguel Campero (1924-1928) y José Sortheix (1928-1930) en Tucumán, surgió el Partido Liberal Blanco o Defensa Comunal Bandera Blanca, desprendimiento del Partido Liberal, expresión histórica del conservadurismo en Tucumán. Esta escisión liderada por Juan Luis Nougués representaba una renovación generacional dentro de esta fuerza, a quien criticaba por la inacción gubernamental frente a las demandas sociales (Parra, 2005). El nuevo partido logró imponerse en las elecciones comunales frente a un radicalismo fragmentado, la corriente tradicional del Partido Liberal y las fuerzas socialistas.

La consistente actuación de sus años de gobierno, basada en una política social activa y comprometida con la “cuestión social” (Parra y Vignoli, 2005), hicieron de Juan Luis Nougués una figura ascendente, amenazadora para el radicalismo yrigoyenista y para el conservadurismo. Este panorama inscribía al partido en una coyuntura en la que si bien se percibía un importante potencial de crecimiento que empezaba a proyectarse sobre la provincia, este se llevaba a cabo en un contexto de frágil equilibrio entre las fracciones radicales y el Partido Liberal.

Mientras tanto, en el marco del asociacionismo de índole cultural y educativo de comienzos del siglo XX, con la incorporación de mujeres en los diversos ámbitos institucionales (Vignoli, 2015; Vignoli y Reyes de Deu, 2018), nació en 1927 la “Asociación Magisterial de Monteros”. Esta organización se formó con egresados/as de la Escuela Normal de Monteros, con maestros/as nacionales y provinciales que adherían a los principios de la Escuela Nueva. Su principal impulsor fue Dionisio Campos, quien había protagonizado en Santa Fe, en 1921, una de las primeras huelgas de maestros/as registradas en Argentina. Tiempo después retornó a la provincia de Tucumán.

En su etapa fundacional, esta asociación asistió a la I Convención Internacional del Magisterio Americano realizada en Buenos Aires en 1928. Desde el aspecto gremial, esta Convención se destacó por la creación de la Internacional del Magisterio Americano (IMA) (Ascolani, 2012). La convención se desarrolló en un clima de conflicto a causa de los discursos a favor del cambio social que marcaba el clima de época (González, 2011). Ello produjo la escisión del activismo docente en dos corrientes: una legalista y la otra social reformista (Ascolani, 2012).

La corriente legalista era heredera de la neutralidad normalista en materia política y religiosa, con orígenes mutualistas, centrada en cuestiones salariales y en constante diálogo con los gobiernos. La corriente social reformista promovía demandas de carácter social y político. Además de los reclamos económicos, adhería a la clase obrera y consideraba a la profesión como un trabajo (Ascolani, 1998/1999). La Magisterial de Monteros se ubicó en esta última vertiente. Con un perfil gremialista, sus miembros se identificaban como “obreros de la educación”,⁸ “trabajadores de la enseñanza”,⁹ alejándose cada vez más de la vertiente puramente profesional.

En el marco de las repercusiones de la convención, se introdujo en el debate la necesidad de federalizar el magisterio tucumano.¹⁰ Esta aspiración se concretó en junio de 1928 con la creación de la Federación de Maestros Tucumanos, en la que participaron la Asociación Gremial de Maestros (San Miguel de Tucumán), asistentes también a la Convención, y las Magisteriales de Graneros, Chicligasta, Río Chico y Monteros. Encauzadas todas estas asociaciones en la vertiente escolanovista y social reformista, fue su carácter firmemente politizado la condición necesaria para la intervención y movilización en el futuro Segundo Congreso de Municipalidades.

4. Los proyectos en disputa durante el Segundo Congreso de Municipalidades

El Congreso de Municipalidades de 1928 estuvo compuesto por delegados de la Capital tucumana, Monteros, Concepción y Aguilares.¹¹ En este marco, el concejal por San Miguel de Tucumán, Amancio Álvarez, integrante del partido Liberal Blanco propuso “Voto femenino en las elecciones municipales”,¹² para las mujeres que poseían título, habían realizado cursos de segunda enseñanza o eran propietarias. ¿Por qué esta propuesta vino de esta fuerza en particular?

Los vientos favorables al voto femenino hacían cada vez más ineludible la problemática para los partidos. En el caso del Partido Liberal Blanco, planteó su visión del universo posible para la adquisición de este derecho para las mujeres, retomando una vieja iniciativa provincial (1920 y 1926) pero en una nueva configuración, como una fuerza renovadora de la línea tradicional de los liberales locales, en el marco de un sistema de partidos y elecciones cada vez más competitivas. El proyecto de Amancio Álvarez implicaba una legislación diferente para hombres y mujeres, limitada por la calificación y la propiedad. Tanto radicales como conservadores aprovecharon la oportunidad para poner en el centro las diferencias de clase, intelectuales y educativas, cuestionando el principio igualitario instalado por la Ley Sáenz Peña (Palermo, 2011). También es importante destacar que no se contemplaba la posibilidad de representación, reduciendo la dimensión de ciudadanía de las mujeres al voto. En el caso de la edad, se dejaba atrás este límite, basado en los estereotipos de género que señalaban la inmadurez de las mujeres en su primera juventud (Palermo, 2012).

Respecto de los otros actores intervinientes, las y los docentes, cabe señalar que su posicionamiento como agentes políticos e intelectuales para la conquista del sufragio femenino no constituía una novedad (Lionetti, 2005). La novedad, en este caso, radicaba en que actuaron organizados/as en el marco de un sindicato y una federación, identificándose como trabajadores/as.

En Julio de 1928, la Magisterial de Monteros envió al Segundo Congreso de Municipalidades el pedido de reforma del régimen municipal, incorporando la sanción del derecho a voto de la mujer educadora en las elecciones municipales y la compatibilidad de los puestos docentes con los cargos electivos de las comunas. La organización sindical argumentaba en su comunicado que la democracia tenía un carácter incompleto, pues se dejaba de lado “a la mujer que forma la mitad de las personas capaces de opinar, sin derecho”.¹³ A pesar de reconocer esta situación de desigualdad general, expresaban que en el caso de las maestras las condiciones se agravaban por su carácter de formadoras de ciudadanos y porque el magisterio se componía en su mayoría por mujeres.¹⁴

Sostenido como un reclamo sectorial, presentaban este caso como un ejemplo que animaría a otros sindicatos hasta lograr la conquista del sufragio para todas las mujeres trabajadoras: “lo pedimos sino para el gremio que pertenecemos y al que ahora representamos; los demás gremios pedirán para ellos: de esta manera llegaremos a la democracia funcional a que aspiramos”.¹⁵ Si bien creían que el sufragio no debía ser sólo una reivindicación para las maestras, establecían limitaciones, ya que al definir el sujeto habilitado para el ejercicio de la ciudadanía señalaban a “la mujer alfabeta”.¹⁶ ¿Por qué? Las maestras siempre fueron situadas en una paradoja dentro de las diferencias entre lo privado y lo público. Fueron incorporadas al sistema educativo como mano de obra barata con la finalidad de participar en el proceso de formación del Estado Nación en la Argentina. Esta situación trajo aparejada la promoción del derecho a la educación y al ejercicio de un trabajo “decente” y profesional fuera del hogar, es decir, en el espacio público, aunque como continuación del espacio doméstico (Anzorena, 2008). A partir de este acceso a la educación, parecían cumplir “el paso obligado para ingresar en el espacio público y el ejercicio de la ciudadanía” (Anzorena, 2008 p. 7). El reclamo parece sustentarse en esta especie de excepcionalidad sostenida en los argumentos, que se inclinaban sobre las tendencias corporativas antes que en la identificación con el conjunto de trabajadores/as.

En el segundo punto del petitorio se solicitaba “la habilitación de los empleados de la docencia (varones y mujeres) para desempañar cargos electivos municipales”,¹⁷ sosteniendo el mismo argumento que para el sufragio femenino. Lo más interesante es que el acceso a los derechos políticos se fundamentaba por igual para hombres y mujeres, ya que esos derechos debían ser adquiridos en tanto formadores de ciudadanos. Expresaban así una vertiente de derechos individuales igualitarios (Valobra, 2018), diferente a las posiciones sustentadas en el maternalismo político, sostenidas por un sector importante de feministas y sufragistas (Nari, 2004). La diferencia política basada en la diferencia sexual iba construyéndose en estos discursos. Por ello, cabría preguntarse si la misma tenía sustento para las maestras en el carácter asexuado que se forjaba en su formación, por lo que se trataba de mujeres diferentes, educadoras (Caldo, 2014). Para lograr los objetivos planteados en el petitorio, la Magisterial de Monteros se movilizó a través de actos de propaganda y solicitando el apoyo de la Federación.¹⁸

Mientras tanto, la Primera Convención de la Federación de Maestros Tucumanos se puso en marcha. Entre las mujeres integrantes estuvieron: Margarita Fauvarque, Lidia Sara Agüero, Magdalena Dell Occa, Rosario Santillán, Mercedes Gray y Nieves R. de Frontini. Como tercer punto del orden del día fue tratado el voto de la mujer educadora, tópico presentado por la Magisterial de Monteros. Tras un extenso debate, se concluyó proclamando “que el voto de la mujer educadora se hiciese extensivo a todas las demás sin distinción alguna”, pidiendo la modificación del petitorio.¹⁹ Es decir, la Federación apoyó el pedido de la Magisterial de Monteros pero obligó a cambiar los términos del planteo: mantenía el principio de igualdad y sostenía la idea de universalidad.²⁰ De esta manera, la corriente social reformista de Tucumán fue capaz de poner en cuestión la discriminación que sufrían las mujeres en el acceso a los derechos políticos e introducirse en la discusión sobre qué mujeres debían votar y por qué.

Los proyectos de sufragio femenino fueron tratados el último día del Segundo Congreso de Municipalidades. Según señalaba el diario “El Orden”, hubo una significativa movilización de mujeres, que identificaba como “la barra feminista”. De ellas se decía: “(…) se notó en la barra la presencia de un grupo numeroso de señoritas, todas partidarias fervientes de la sanción del proyecto y que en todo el transcurso del debate, exteriorizaron sus simpatías por el asunto en discusión”.²¹ Hay que destacar que el diario es quien las reconoce de esta manera; en las fuentes no hay registro de una autopercepción como parte del feminismo local. Por otro lado, ese mismo día, la Federación de Maestros Tucumanos decidió suspender su convención en Monteros para poder asistir al tratamiento.

Los dos proyectos ingresados, el de los liberales y el de los sindicatos docentes, fueron enviados a la comisión de orden político del Congreso,²² quien recomendó voto calificado.²³ Se inició, entonces, el debate. Tomó la palabra, Álvarez, liberal blanco, quien fundamentó el sufragio femenino apelando a la historia.²⁴ Hizo especial hincapié en la situación lograda por las mujeres durante la Primera Guerra Mundial, que llevó a una transformación global sus posiciones en la sociedad. Por su parte, Mercado, concejal por el Partido Socialista, a tono con la postura tradicional del partido, sostuvo la igualdad intelectual y de capacidades entre hombres y mujeres y solicitó voto femenino para todas ellas, incluyendo a las extranjeras (Palermo, 2011). López García, de la UCR yrigoyenista, fundamentó su voto favorable sosteniendo: “si un ciudadano honrado tiene el derecho de votar, puede tenerlo lo mismo una mujer con instrucción”.²⁵ Aquí la igualdad se construía entre el par hombre honrado/mujer instruida, no entre hombres y mujeres en general. Como señalamos, la construcción de las feminidades no fue históricamente homogénea y fue cruzándose con otras jerarquías constitutivas del liberalismo.

El concejal Villalonga de la UCR yrigoyenista fue el primero en expresarse en contra. Sus argumentos, en el mismo sentido que Luchini, del partido Bandera Blanca, se apoyaban estrictamente sobre la división público/privado. Ambos sostenían que el lugar de las mujeres se encontraba en el hogar y el cuidado de los hijos. Luchini exageraba la situación señalando que la mortalidad infantil se debía a la desatención doméstica de las mujeres, que se agravaría con su intervención en política.²⁶ Por su parte, Kistenmacker opinaba que las mujeres estaban en inferioridad de condiciones que los hombres para votar y señalaba que el pedido de los sindicatos docentes no representaba la aspiración de todas las mujeres.²⁷ Almirón, concejal por los blancos, expresaba sus miedos al cambio comparando a “la mujer en sus diversas intervenciones en la vida actual y lo que sería la mujer politiquera”.²⁸ En estos discursos se percibía la consideración sobre el “peligro” que implicaba que las mujeres no cumplieran con el rol asignado diferencialmente en la sociedad; por ello, no importaban como subjetividades sino como madres de los hijos de la nación. La baja natalidad registrada en la década de 1920, que se acentuaría con el correr del tiempo, llevó a una preocupación sobre la mortalidad infantil y el ingreso de las mujeres en el espacio público, que se veía como la principal causa de este fenómeno (Nari, 2004).

El proyecto generó divisiones al interior de los partidos, tanto de los blancos como de la UCR. La prensa registró la elevada intensidad que tomó el debate entre los partidarios yrigoyenistas: “El Sr López García fundó luego su voto favorable, sosteniendo al final un acalorado diálogo con el Sr Giansierra, quienes discutían de pie en el medio del salón, sin escuchar la campana de la presidencia, llamándolos al orden”.²⁹ En este clima tórrido, la votación dio 10 votos favorables y 11 negativos. Con esta acotada diferencia, fue rechazada la iniciativa.

Este episodio muestra las fuerzas sociales comprometidas y movilizadas por la adquisición del sufragio femenino en Tucumán y, a la vez, la resistencia a la conquista de este nuevo derecho, con argumentos que advertían el temor frente a la posibilidad de que las mujeres abandonaran las obligaciones socialmente asignadas en el espacio doméstico, a partir de su intervención en la arena pública. Tal como observamos, el debate se caracterizó por discusiones apasionadas, que incluso dividieron transversalmente a los partidos políticos, lo que evidencia la relevancia y la trascendencia de la problemática para la época.

5. Palabras finales

El estudio de caso que proponemos desde Tucumán nos permitió explorar los recorridos en la incorporación de la reivindicación del sufragio femenino en la agenda de los partidos y de otros actores de la sociedad. Con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, se creó un ambiente favorable para la presentación de proyectos que permitieran el acceso de las mujeres a las libertades políticas. En este contexto, algunos partidos sostuvieron propuestas de igualdad cívica para el voto femenino, aunque otros, como Defensa Comunal Bandera Blanca, propusieron una legislación donde la diferencia sexual se conjugó con otras jerarquías constitutivas del liberalismo.

Particularmente, el caso tucumano implicó novedades en el universo sufragista de nuestro país, a través de la agencia colectiva y el protagonismo de mujeres y hombres de los gremios docentes. En el marco provincial, es importante destacar que dicha agencia no tuvo como centro territorial la capital de la provincia, sino localidades del sur, lugar de origen de la mayoría de las organizaciones sindicales federadas, en especial Monteros, sede del Congreso de Municipalidades y de la Asociación Magisterial que llevaba su mismo nombre.

En los debates sobre la posibilidad de ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, se pusieron en discusión formas heterogéneas de construir la diferencia política tomando como base la diferencia sexual. En esos discursos patriarcales, la extensión de las libertades cívicas era más tolerable con respecto a algunas feminidades que a otras, de acuerdo al cumplimiento de los roles de género asignados. Mientras las maestras aparecían socialmente como una extensión del rol maternal en lo público, las mujeres obreras eran juzgadas por desapegarse de los roles de cuidado del espacio privado al entrar en el mundo de la producción. Sin embargo, esa concepción maternalista no alcanzó para generar el consenso necesario para el otorgamiento del voto a las docentes. Asimismo, cabe destacar que el reclamo del voto para las maestras por parte de las organizaciones obreras no se dio en función de su condición maternal, sino apelando a un tópico del liberalismo, su capacidad de formadoras de ciudadanos; un principio que en las instituciones tampoco pudo sustentar la aprobación de la iniciativa. El activismo docente no excluyó la posibilidad del voto universal para las mujeres, que se lograría a través del reclamo sectorial de los otros gremios. La propuesta de la asociación monteriza, si bien en un principio se mantuvo en consonancia con los proyectos surgidos en el marco del sistema de partidos tucumanos durante la década de 1920, con limitaciones basadas en la calificación, dio el puntapié inicial para la intervención de la Federación de Maestros, que erigió su pedido de voto universal sin restricciones para todas las mujeres, como punta de lanza de una ruptura en esta línea de continuidad en la provincia. Es decir, la Federación radicalizó como organización el pedido de los liberales blancos y de la propia Magisterial de Monteros, evidenciando un clima político de mucho debate y dinamismo.

Referencias

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Notas

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